A pocos kilómetros de la comunidad de Nuevo Andoas, en la cuenca del río Pastaza, en la Amazonía peruana, Elmer Hualinga y Marcial Sánchez recorren en motocarro una carretera de barro que atraviesa el bosque. Desde la tolva, Elmer Hualinga señala con su índice los lugares que ha georreferenciado junto al equipo de monitoreo ambiental quechua del Pastaza, al noroeste de Loreto en Perú. La georeferenciación es clave para registrar y dimensionar las áreas afectadas por derrames de petróleo en sus territorios ancestrales, así como para evidenciar el impacto y llevar una cuenta sistemática del número de incidentes.
Durante la pandemia del covid-19, los monitores ambientales, como Hualinga y Sánchez, pararon sus recorridos de vigilancia en el lote petrolero 192, en Perú, por el miedo y la incertidumbre sanitaria. Pero los derrames de petróleo no pararon. En ese lote se contabilizaron 11 derrames durante el año 2020, la mayoría se dieron, dice Hualinga, por el mal estado de las estructuras petroleras y tuberías del Lote 192, que lleva más de 50 años de explotación petrolera y causando contaminación en los territorios de los pueblos Achuar, Kichwa y Quechua de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre. De acuerdo a información oficial, en este lote —que hasta el año 2015 se llamó 1AB— se concentran más de dos mil sitios impactados sin remediación ambiental, vigentes, aún contaminando.
Elmer Hualinga tiene 39 años y unas botas altas de caucho, una mochila donde guarda su dron, un machete y una cámara colgada del cuello junto a su GPS. Dice que con el paso de varios años, la vegetación ha cubierto la mayoría de espacios impactados por los derrames, lo que hace difícil de identificar a primera vista los lugares contaminados.
El bosque se ha convertido en un vertedero de petróleo con una historia que empezó en la década de 1970. En ese entonces, Elmer Hualinga era niño, pero escuchaba la preocupación de sus abuelos y padres sobre la contaminación de su territorio y la aparición de nuevas enfermedades.
“Da pena la contaminación que nos han hecho, no solo el agua, el agua toman todos los animales, los peces. No están aptos para el consumo. Lamentablemente vivimos así, donde ni el gobierno sabe gobernar para que estas petroleras extraigan estos hidrocarburos con muchas responsabilidades respetando el medio ambiente y la vida humana”, se lamenta Hualinga, de nacionalidad indígena Quechua del Pastaza —uno de los 51 pueblos indígenas que hay en la amazonía del Perú.
Elmer Hualinga tiene los ojos grandes y abiertos con los que otea siempre atento el camino. Va divisando las manchas de crudo que pintan de negro la vegetación alrededor de las estructuras y pozos petroleros. Elmer Hualinga conoce muy bien la selva, sostiene firme el machete y da golpes arrancando las hierbas del camino, reconoce las marcas que alguna vez dejó como parte de otros recorridos en la selva de Nuevo Andoas. Él ha sido parte de los primeros equipos de monitoreo ambiental en la cuenca del Pastaza, que se crearon en el 2007, un año después de la firma del Acta de Dorissa, un documento histórico pues marcó un antes y un después en este conflicto socioambiental que arrastra varias décadas; el acta abrió una agenda de acciones planteadas desde las comunidades para obtener atenciones a sus problemas ambientales y de salud. El documento fue suscrito por el Estado peruano, la empresa operadora de entonces Pluspetrol, y las comunidades del pueblo indígena Achuar afectadas por la actividad petrolera —que tuvieron que movilizarse para que el Estado y la petrolera escucharan sus demandas.
La lucha del pueblo Achuar logró acuerdos luego de que se demostraran los impactos negativos del lote más importante y antiguo de producción petrolera en el Perú. Entre ellos, la reinyección total de las aguas de producción del entonces llamado Lote 1AB, un fondo para la gestión y atención de la salud de la población de las comunidades achuar, la conformación de equipos de monitoreo independiente para la vigilancia de las malas prácticas petroleras, entre otros. De esa forma, el acta de Dorissa impulsó la constitución de programas autónomos de vigilancia ambiental territorial en las comunidades afectadas en los lotes petroleros 1AB y 8, programas donde, por ejemplo, Marcial y Elmer hacen su trabajo.
El Acta de Dorissa fue uno de los antecedentes que sirvió para motivar, cinco años después de su firma, la conformación de la plataforma PUINAMUDT, formada por las federaciones Federación de Pueblos Indígenas Quechuas del Pastaza (Fediquep), Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (Feconacor), (Organización de Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos Fronterizo Perú Ecuador (Opikafpe), y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodescopat). Cada una de estas organizaciones, que representan a cerca de 100 comunidades afectadas por la actividad petrolera, tienen equipos de vigilancia ambiental.
En los últimos 14 años de programas de monitoreo ambiental son más de 1200 sitios impactados por la actividad petrolera los que han sido identificados, gracias a la labor voluntaria de los monitores y monitoras ambientales, así como del trabajo de las federaciones indígenas. Hoy, los monitores ambientales son clave para dar alertas tempranas y dar aviso, a través de fotografías y georreferenciación, a las federaciones y a instituciones como la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) o el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). “Nosotros somos independientes, no somos remunerados, pero muchas veces, hacemos mejor trabajo que OEFA sobre la identificación de los lugares (impactados)”, dice el monitor ambiental Marcial Sánchez, mientras sigue el trecho que nos lleva a uno de los lugares impactados donde cruza una tubería que divide la selva en dos, rumbo a la base 32 del lote 192, donde un derrame ha contaminado lo que era antes un aguajal.
Los monitores ambientales trabajan día y noche bajo las inclemencias de la selva. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria por el covid-19 se vieron obligados a detener sus actividades. Sin embargo, ante cada nuevo derrame los monitores y monitoras acudían al registro. Fue la reiterada secuencia de derrames la que obligó, en plena pandemia, a retomar la vigilancia ambiental en las cuatro cuencas hacia finales de 2020.
Según los registros oficiales del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y del OEFA, entre los 2000 y 2019, más del 65% de los derrames ha sido responsabilidad de las empresas petroleras, debido a la corrosión, fallas operativas y condiciones inseguras de las operaciones.
Sin embargo, las empresas contaminadoras continúan sin hacerse cargo del total de áreas afectadas en el Lote 192 (ex lote 1AB). Las dos últimas empresas operadoras Pluspetrol, del 2000 al 2015, y Frontera Energy, del 2015 al 2021, han abandonado las operaciones sin tener aprobado por las autoridades ambientales un Plan de Abandono que considere las acciones de descontaminación y remediación de las zonas afectadas. En Perú, el Plan de Abandono es el instrumento oficial que contiene las acciones de obligatorio cumplimiento a realizarse una vez finalizado un contrato de operaciones.
Sin embargo, la situación de contaminación no parece que vaya a tener cambios inmediatos. En mayo de 2019, empezó un proceso de consulta previa, libre e informada entre el Estado peruano y las comunidades del Lote 192; el motivo: la continuidad de las operaciones petroleras por 30 años más. Marcial Sánchez, como representante de monitores ambientales del pueblo quechua y de su comunidad Nuevo Andoas, ha tenido la oportunidad de participar de varias reuniones de esa consulta previa. Ahí tuvo la oportunidad de presentar sus inquietudes y exigencias, así como sus últimos hallazgos en sus monitoreos ambientales.
Marcial supervisa las actividades en la zona y ha registrado con su dron el espacio depredado y con contaminantes que sigue extendiéndose debido a las constantes lluvias. Donde alguna vez existió una fuente de agua, hoy han removido la tierra para intentar contener la contaminación que peligra de filtrarse. “Esa cocha [laguna] ya prácticamente está muerta, no se puede remediar”, dice Marcial, preguntándose constantemente sobre el futuro del monitoreo ambiental independiente. Sin un reconocimiento por parte del Estado, el alcance de los monitoreos y el estudio de los suelos impactados se seguirá retrasando.
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Marcial sabe que si la selva está contaminada también lo estarán él y su familia. “Ya no somos los de antes”, repite, constantemente mientras comparte la historia de sus abuelos y abuelas. Recuerda que, en la década de 1980, sus ancestros, no imaginaban el daño que generaría el consumir agua contaminada, animales de monte y peces envenenados por hidrocarburos. Marcial dice que en las caserías y pescas de joven veía en la carne de los animales, manchas oscuras y viscosas.
Marcial no está equivocado. En el 2019, las federaciones indígenas de la plataforma PUINAMUDT lograron que el Ministerio de Salud publicará el informe final del Estudio epidemiológico y toxicológico (2016) realizado con el Instituto Nacional de Salud (INS) que analizaba la presencia de cinco metales pesados, entre ellos el plomo en la población local. Los resultados concluyeron que el 20,1% de la población menor de 12 años superaban los niveles de plomo en sangre según la normativa nacional. De acuerdo a la especialista Christina O’callahan, del instituto ISGlobal de Barcelona, en las zonas donde hay más contaminación ambiental el plomo puede llegar a la población local principalmente a través de la dieta.
Lo identificado hace pocos años por las autoridades ambientales, por décadas ha sido una denuncia constante desde las comunidades. Era claro para la población el envenenamiento que habían sufrido luego de 50 años de extracción petrolera con bajos estándares ambientales. Este escenario difícil y complejo condicionó el diálogo en el proceso de consulta previa del Lote 192.
Desde principios de 2021, tanto líderes, lideresas comunales, monitores y monitoras ambientales han participado de las reuniones del proceso de consulta. De estas reuniones se han tomado decisiones trascendentales sobre los próximos 30 años de extracción petrolera en la zona.
Frente a la continuidad de la actividad en sus territorios, los líderes de las federaciones indígenas presentaron en 2019 un documento que contiene aproximadamente sesenta puntos con demandas y propuestas que garanticen sus derechos y aseguren medidas para prevenir el daño en sus territorios.
Después de dos años de proceso de diálogo las comunidades y sus federaciones lograron comprometer al Estado, mediante la suscripción del Acta de Consulta Previa del Lote 192, para el cumplimiento de acciones y mecanismos de participación, protección y atención que reduzcan los impactos y permitan afrontar de forma más segura la actividad, así como puntos vinculados a salud, agua y saneamiento, entre otros.
En particular, durante los diálogos de consulta previa se lograron acuerdos valiosos para el trabajo de los monitores ambientales, fortaleciendo su trabajo independiente, su participación en las acciones de fiscalización y su desempeño en el lote, donde se han denunciado obstrucciones en sus labores por parte de las operadoras petroleras. De otro lado, en el Acta de Consulta se ha podido acordar la priorización y obligatoriedad del cambio, adecuación y mantenimiento de los ductos, que en su mayoría están corroídos y en malas condiciones por ser antiguos.
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Actualmente los monitores siguen alertando derrames de petróleo en el lote 192. Algunos de los últimos derrames se han dado principalmente en territorios de las comunidades del pueblo Achuar del río Corrientes y kichwa del río Tigre. El 10 de junio, Nathaniel Sandí, monitor ambiental Achuar de la Feconacor, reportaba a través de fotografías y videos las zonas contaminadas que ha dejado la empresa petrolera Frontera Energy en la base 10 del yacimiento Forestal y en la base de Shiviyacu, cercanos a la comunidad José Olaya.
Las imágenes muestran la zona que continúa contaminada y que cubre una superficie de unos 34.627 metros cuadrados. Manchas oscuras cubren los pastizales, y la lluvia ha empezado a extender el crudo que mancha las raíces de los árboles. “Ellos dicen que el derrame no era culpa de ellos, pero ese derrame no es culpa de nosotros. Es el incumplimiento de esa empresa Frontera (Frontera Energy). La empresa dice que el pueblo ha hecho paro porque quería. Pero no es así”, dice Sandí.
Hasta el momento, la empresa Frontera Energy ha eludido intervenir para atender la zona, pese a que ha salido del lote en febrero de 2021. No es la primera vez que Nathanael Sandí reporta un incidente en territorio achuar y está cansado de sentir de cerca la contaminación. En los últimos 5 años la zona achuar de la cuenca del río Corrientes ha sufrido más de 22 derrames lo que ha significado el condicionamiento de la vida, y un gran impacto en la salud de la población. “Mi preocupación es bien grande, bien intensa. A veces yo, mirando eso, a veces lloro por mis hijos, tengo hijos. ¿De dónde voy a dar de comer?”
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Han pasado más de 6 meses desde que la última empresa operadora del lote 192 la canadiense Frontera Energy, abandonara el territorio en las 3 cuencas, Corrientes, Tigre y Pastaza, sin haber cumplido con la aprobación de un Plan de Abandono que cumpla con estándares técnicos y que impliquen la limpieza y contención de todos los lugares impactados.
Hoy la empresa petrolera se enfrenta a multas y procesos judiciales interpuestos por la OEFA, que exige realizar actividades de control, contención, limpieza y descontaminación en áreas afectadas por los derrames de petróleo en el Lote 192 durante la pandemia. Además, determinó la responsabilidad administrativa de Frontera Energy por incumplir con la presentación de su plan. A pesar de la grave situación, el Estado no ha tomado acciones que obliguen a las empresas petroleras a cumplir la normativa ambiental y las obligaciones de Frontera Energy, así como la de su predecesora Pluspetrol, que en el 2015 finalizó su contrato en el lote, abandonando el territorio sin cumplir con la remediación.
Se repite la misma historia donde operadoras utilizan la ruta legal y estrategias de judicialización para distender los procesos de remediación, vulnerando los derechos de los pueblos que quedan envenenados y privados de una inmediata atención.
En las diversas reuniones sostenidas por la Consulta Previa del Lote 192 se oía en coro:
“Primero es la vida, después el petróleo”.
Si bien el proceso de consulta previa culminó de forma satisfactoria tras el diálogo entre Estado, comunidades y federaciones, a dos meses de la firma del Acta de Consulta ya se presentan los primeros problemas e incumplimientos desde el Estado, pues hasta ahora no instala los espacios acordados para la implementación y seguimientos de acuerdos.
Aurelio Chino Dahua presidente de la federación Fediquep sabe que a pesar de haber concluido la etapa de consulta previa, las federaciones deben estar alertas ante los incumplimientos de los acuerdos con el Estado peruano. “Este problema es muy grande, no es de pocos años. Son 50 años de explotación petrolera y en estos 50 años ningún gobierno de nuestro país y ningún ministro del ambiente, ninguna institución se ha preocupado por su propia voluntad de defender nuestros derechos como cualquier ser humano. Si nosotros mismos no sacamos nuestras lanzas, no paramos, nadie nos hubiera escuchado”.
Durante el cierre de este reportaje, se reportaron 3 nuevos derrames en una misma semana. El 23 de julio, Nathanael Sandi reportaba el rebalse de petróleo en la base el Carmen y en la base de Shivayacu cerca a la comunidad José Olaya. Otro derrame fue reportado por Hilda Chung, monitora ambiental de la cuenca del río Tigre, que reportaba un derrame en la base de San Jacinto cerca a la comunidad Doce de Octubre. Todos los incidentes han sido reportados a la OEFA y Perupetro, actual encargado de supervisar el lote 192.
*Este reportaje ha sido posible gracias a la participación de monitores ambientales, que producen material audiovisual clave para denunciar la contaminación en las cuencas del río Tigre, Corrientes, Pastaza y Marañón.