La investigación revela una explosión de procesos desde 2019 y enumera a los beneficiarios con más solicitudes mineras en Tierras Indígenas: políticos, cooperativas mineras e incluso un artista de Sao Paulo.
Segundo lugar del Concurso de Periodismo de Datos “Todos los Ojos en la Amazonía”
Por Anna Beatriz Anjos, Bruno Fonseca, Ciro Barros, José Cícero da Silva, Rafael Oliveira y Thiago Domenici
Originalmente publicado en https://apublica.org/2020/02/a-mineracao-em-terra-indigena-com-nome-sobrenome-e-cnpj/
La intención de Jair Bolsonaro de abrir las Tierras Indígenas brasileñas para la exploración del subsuelo y los recursos hídricos no es nada nuevo. Desde que asumió el cargo, el presidente ha dejado claro, en diferentes momentos, su opinión al respecto.
Una de las justificaciones presentadas es que las Tierras Indígenas deben ser aprovechadas económicamente. Pero, además de contradecir la Constitución de 1988, según consta en una entrevista con Agência Pública, el Procurador General Adjunto de la República, Antônio Carlos Bigonha, el contenido de la PL 191/2020 también ha sido cuestionado por entidades indígenas, organizaciones socioambientales y de encuestas de opinión. Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró el miércoles (18) que no colocará el proyecto en la agenda de la Cámara.
Pero, después de todo, ¿quiénes son los posibles beneficiarios de la minería en Tierras Indígenas (TI)?
Una encuesta sin precedentes realizada por Pública a partir de datos de Funai y de la Agencia Nacional de Minería (ANM) no solo incluye el nombre, apellido y el número de identificación de las personas naturales y jurídicas con más solicitudes mineras en Tierras Indígenas (TI), sino que también revela un incremento en los procesos de investigación minera en estas áreas en 2019, revirtiendo la tendencia a la baja de los últimos años.
Procesos mineros en Tierras Indígenas de la Amazonía
Los datos indican que los procesos de exploración minera en las TI de la Amazonía han crecido un 91 % desde el inicio del gobierno de Bolsonaro. Esta fue la primera vez, desde 2013, en la que las solicitudes han aumentado. Antes de esto, habían disminuido año tras año.
Entre los potenciales beneficiarios de la medida del ejecutivo, se encuentran grandes figuras políticas de la Amazonía, cooperativas mineras de oro con socios involucrados en denuncias por delitos ambientales, un gigante minero mundial e incluso un artista plástico paulista.
Los datos enumerados por Pública presentan dos escenarios: las solicitudes de incidentes de TI presentadas en el período 2011-2020 y las registradas durante el gobierno de Bolsonaro (2019-2020).
Sawré Muybu de los munduruku, la tierra más afectada de la década
Es en el estado de Pará en donde se ubican la mayoría de los procesos mineros en TI que avanzaron en el primer año de Bolsonaro. La Tierra Indígena de los kayapó enfrenta la mayor cantidad de solicitudes por sus tierras en ese período. Luego está Sawré Muybu, de propiedad de los munduruku, también en el estado de Pará.
Sawré es precisamente el territorio indígena más afectado por los procesos mineros en la década. Más del 14 % de todas las solicitudes de áreas indígenas en la Amazonía afectan a este territorio. Se iniciaron 97 procesos destinados principalmente a yacimientos de oro, cobre y diamantes y, en menor medida, a la extracción de casiterita y grava.
Después del estado de Pará, los estados de Mato Grosso y Roraima son los que más concentran solicitudes de Tierras Indígenas en el primer año del gobierno de Bolsonaro.
Evolución de los procesos de investigación y minería en la Amazonía
La ANM registró procesos mineros, e incluso otorgó títulos mineros, hasta en TI homologadas. Estos ya pasaron por todas las etapas de regularización con el gobierno federal, incluida la aprobación presidencial. Uno de los territorios potencialmente afectados por los títulos mineros es aquel de los uru-eu-wau-wau, en Rondonia, cuyo proceso de aprobación se completó en 2006. Nueve pueblos viven en el territorio, incluidos indígenas aislados.
En 2013, por ejemplo, la Cooperativa Minera de los Garimpeiros de Ariquemes (Coomiga) obtuvo un título minero de oro que afecta parte del territorio indígena de los uru-eu-wau-wau. La cooperativa es el tercer productor de estaño más grande del país, según el Anuario de minerales de 2018 de la ANM. En 2016, fue la Cooperativa Rondonia Estanífera la que obtuvo un título para una mina de casiterita en un área que incluye partes del territorio de los uru-eu-wau-wau. La casiterita es el principal mineral de estaño que se utiliza para producir aleaciones metálicas. Y en Rondonia, en el municipio de Ariquemes, está la mayor mina de casiterita a cielo abierto del mundo.
En los últimos diez años, la ANM registró 656 procesos mineros que solicitaban ingresar a secciones de territorios indígenas.
Además del munduruku, en Pará, los procesos mineros en esta década se concentraron en las tierras de los kaxuyana y kayapó, ambos en Pará, y los kanomami, en Roraima y Amazonas.
Una Cooperativa tiene 26 solicitudes de TI y algunos socios tienen denuncias interpuestas ante el MPF.
La Cooperativa de Mineros de Amazonas (Coogam, por sus siglas en portugués) ocupa el tercer lugar en la lista de solicitudes para exploración minera en tierras indígenas en el período analizado (2011-2020). Fundada en la década de 1990, reúne a más de un centenar de mineros y opera en los estados de Rondonia, Amazonas y Pará, en minería efectuada mediante transbordadores.
Se encontraron 26 solicitudes mineras en nueve tierras indígenas en la Amazonía Legal. Además de las solicitudes formales presentadas ante la ANM, algunos funcionarios vinculados a la organización enfrentan cargos en la Corte Federal por exploración ilegal de minerales en tierras indígenas. Este es el caso, por ejemplo, del actual presidente de la cooperativa, Cacildo Jacoby, que fue denunciado por el Ministerio Público Federal (MPF) por conspiración, usurpación de bienes de la Unión y contaminación y extracción de minerales sin autorización del organismo competente.
La denuncia del MPF está respaldada por la Operación Eldorado, iniciada por la Policía Federal (PF) en noviembre de 2012. La operación tenía como objetivo, según los términos de la Policía Federal, desmantelar una “organización criminal dedicada a la extracción ilegal de oro” en las Tierras Indígenas de los kayabi y los munduruku y otras minas de oro ilegales en el cauce del río Teles Pires. Además de Jacoby, el fundador de COOGAM, Geomário Leitão Sena, también es imputado por los mismos cargos en la demanda penal que se procesa ante la Corte Federal de Mato Grosso.
La investigación de la PF determinó que el oro extraído ilegalmente del lecho de río Teles Pires fue entregado a empresas distribuidoras de títulos valores de propiedades (DTVM, por sus siglas en portugués) y, después de ocultar su origen, fue vendido como activo financiero a empresas de Sao Paulo. Solo una de las DTVM denunciadas por la PF vendió alrededor de R$ 150 millones. Después de solicitar su opinión, Coogam no respondió a las preguntas de Pública enviadas por correo electrónico, hasta el cierre del informe.
Exgobernador y diputado del estado de Amazonas presentó seis solicitudes de TI
Dos figuras de la política de Amazonas se encuentran entre los socios de la tercera empresa que más solicitudes registró para la exploración minera en Tierras Indígenas, en el primer año del gobierno de Bolsonaro.
SMD Recursos Naturais Ltda., creada en 2012 y con sede en Sao Paulo, tiene, entre sus miembros, al exgobernador del estado de Amazonas, Armando Mendes, y a su exvicepresidente y exsecretario de finanzas Samuel Assayag Hanan. Hanan tiene una larga trayectoria vinculada a la minería. Entre otros cargos profesionales, podemos mencionar que fue presidente de Paranapanema S.A., un productor gigante de cobre de Brasil. Trabajó en el sector metalúrgico minero de cobre de British Petroleum. Fue director industrial y comercial de Companhia Estanífera do Brasil (CESBRA) y formó parte del Consejo Superior de Minas del Ministerio de Minas y Energía.
Las solicitudes de SMD fueron para la investigación del estaño y se centraron en las TI de los yanomamis, en Roraima, y los waimiri-atroari, entre este estado y Amazonas.
Como gobernador, el amazónico tomó decisiones que favorecieron a otros interesados en la exploración minera en Tierras Indígenas. En diciembre de 2017, el entonces gobernador renovó las Licencias de Operación Ambiental (LOA) en poder de COOGAM —otra persona jurídica que aparece en la investigación de Pública—, además de otorgar otra licencia de exploración de oro a la organización. Las LOA, emitidas por la agencia ambiental de Amazonas, el Instituto de Protección Ambiental de Amazonas (Ipaam), autorizaron a COOGAM a explorar oro en cerca de 87 mil hectáreas en el cauce del río Madeira. Días después de la concesión, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó una demanda contra IPAAM en la que solicitó la suspensión de una de las licencias. Según el MPF, la licencia fue otorgada “sin el cumplimiento con el requisito previo de estudios ambientales adecuados y a pesar de que la actividad llegó a Tierras Indígenas y unidades de conservación federales e impactó en el curso de agua de propiedad federal en más de un estado de la Federación”.
Las licencias se concedieron antes de la finalización de un estudio del Consejo Estatal de Medio Ambiente de Amazonas (CEMAAM) sobre los residuos de mercurio en el río Madeira. Fueron suspendidas de forma preliminar por la Corte Federal días después de la concesión. Cuando las suspendió, la jueza María Elisa Andrade señaló una serie de incumplimientos de condiciones ambientales vinculados a las licencias de operación. “La compilación documental de las demandas muestra el incumplimiento sistemático de las condiciones de la licencia ambiental, por provocar daños que ponen en peligro la integridad del río Madeira, así como riesgos para la salud humana, la biodiversidad y el mantenimiento del ecosistema amazónico”, escribió la magistrada en su decisión. El caso sigue pendiente ante la Corte Federal de Amazonas.
Cooperativa con interés en las TI cuenta con dos socios con demandas por delitos ambientales
La Cooperativa de Trabajo de Minadores y Mineros de Marupá (Coopermigama), que presentó cuatro solicitudes de TI en 2019, es otra que cuenta con socios involucrados en demandas legales en el área del medio ambiente.
En 2015, Alex Renato Queiroz Carvalho, uno de los 12 miembros de la Cooperativa, fue investigado por la Policía Civil del estado de Pará por su participación en fraudes en la adquisición de créditos forestales con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas) del estado. En la investigación, Queiroz Carvalho es descrito como uno de los “intermediarios que compran madera, créditos y empresas”.
Según la investigación, el fraude ocurrió en febrero de 2015 e involucró a Madeireira Sagrada Familia, de Pacajá, Pará, en ese momento propiedad del entonces secretario de Desarrollo Económico del municipio, João Paulo Chopek.
Queiroz Carvalho fue detenido en julio de 2015 por presunta participación en traslados irregulares de madera, venta de empresas fantasma, venta de créditos de productos forestales, delitos ambientales y lavado de dinero. Fue puesto en libertad por los tribunales del estado de Pará en el mismo mes, pero aún debe comparecer ante las cortes por proceso aunque se encuentre en libertad. Consultado por Pública, el abogado de Queiroz Carvalho respondió que “actuó como comprador de una empresa exportadora, al haber sido designado erróneamente como propietario de una empresa maderera que habría recibido una cantidad ilegal de madera. El legítimo propietario compareció posteriormente ante el tribunal y asumió su responsabilidad en cuanto a la empresa”. El abogado también afirmó que el proceso penal se encuentra en la fase de debida diligencia y que “la defensa está plenamente convencida de la futura absolución” del imputado.
Otro socio, Cleidson Cavalcante Hashiguchi, es acusado en dos casos judiciales federales. En el primero, fue multado por ICMBio por practicar minería no autorizada en el río Jamanxim, en un área alrededor del Flona Itaituba II, en Trairão, estado de Pará. Fue denunciado por el MPF y sentenciado en primera instancia, en el Juzgado I de Itaituba, en junio de 2019, pero apeló este proceso.
El MPF presentó objeciones a la apelación y la demanda se encuentra ahora en segunda instancia. Cleidson también fue denunciado junto con otras seis personas por actividades de extracción ilegal de oro en la Estación Ecológica Juami-Japurá en Tefé, Amazonas. Ni Cleidson ni su defensa se pronunciaron hasta la publicación.
Artista plástico lidera solicitudes en 2019. El gigante Anglo American también aparece de manera prominente.
El campeón de las solicitudes para la exploración minera en tierras indígenas, durante el gobierno de Bolsonaro, es el arquitecto y artista Sami Hassan Akl. Realizó siete pedidos de extracción de diamantes en TI solo en 2019. Es socio de la empresa Bogari & Akl Comércio Importação e Exportação Ltda., con sede en Sao Paulo, enfocada en el mercado artístico. Pública solicitó sus comentarios a este artículo. Una persona que se identificó como asistente de Sami Akl informó que estaba viajando al extranjero y por lo tanto no pudo responder. Indicó el número de un geólogo que estaría ayudando al artista plástico en las solicitudes de minería, pero no pudimos contactar al profesional.
Otro que aparece de manera destacada en la investigación de solicitudes de exploración minera es el gigante minero mundial, Anglo American, con sede en Londres. Una de sus subsidiarias, Anglo American Níquel do Brasil, el mayor productor de níquel del país, aparece de manera prominente en las dos versiones de la investigación. La empresa presentó seis solicitudes de exploración en tierras indígenas en 2019. A lo largo de esta década, existen 46 solicitudes de TI.
El grupo Anglo American también enfrenta juicios relacionados con violaciones ambientales en Brasil. El brazo de mineral de hierro de la compañía es el objetivo de la demanda civil pública del Ministerio Público de Minas Gerais por la rotura de un oleoducto en el municipio de San Antonio do Gama, en Minas Gerais. El MP del estado de Minas Gerais también cobró R$ 400 millones en la corte como compensación por daños morales y sociales colectivos a las comunidades impactadas por el mineroducto Minas-Río, un caso ya abordado en nuestro informe. A nivel federal, el MPF de Minas Gerais solicita la suspensión de las licencias de operación ya otorgadas a Anglo American, así como la licencia ambiental del proyecto Minas-Río.
Después de solicitar su opinión, Anglo American afirmó que “presentó su defensa en los juicios y no deseaba comentar su contenido”. Sobre las solicitudes, dijo que las hizo “con base en los datos geológicos disponibles”, que “se le otorgará la autorización para realizar estos trabajos de investigación mineral o no por las autoridades competentes” y que“ solo realiza labores de investigación mineral en áreas debidamente autorizadas”. La empresa también dijo, en una nota, que “realizó una revisión de su portafolio y renunció a todas las solicitudes en áreas de investigación en tierras indígenas hasta 2015. Las solicitudes de investigación actuales que quizás colinden con tierras indígenas pueden presentar bloques con interferencia en esos territorios. En tales casos, le corresponde a la Agencia Nacional de Minería (ANM) delimitar correctamente los bloques fuera de las áreas o reservas indígenas”.
Procesos en estado de “Blanca Nieves”
“Normalmente, cuando se presenta una solicitud para minería en Tierras Iindígenas, se suspende su tramitación. Es un fenómeno burocrático curioso. Las solicitudes no se rechazan, pero tampoco se aprueban, quedan, como lo llamamos, en “estado de Blanca Nieves”, durmiendo en espera del beso del príncipe. La ANM (Agencia Nacional de Minería) mantiene algunos títulos en esta situación. Hay casos de títulos otorgados antes de la homologación de tierras indígenas o antes de la Constitución de 1988. Hay dudas en los tribunales sobre estos títulos”, explica el socio fundador del Instituto Socioambiental. (ISA), Márcio Santilli.
Según el comunicado de la ANM al MPF de Pará, la agencia considera que la falta de una ley reguladora no impide que los procesos mineros estén suspendidos, es decir, se abran y se paralicen. En agosto de 2019, la Corte Federal de Amazonas dictaminó que la ANM debía despejar de su base de datos todas las solicitudes de investigación o minería que afectaran Territorios Indígenas en este estado.
“No sabemos si la ANM extenderá este proceso de despejado a otros estados, pero es una situación anómala que existan estos procesos mineros. Ya existe jurisprudencia en el Supremo Tribunal Federal (STF) que indica que el derecho de los pueblos indígenas no depende de la homologación de la tierra, es decir, se debe anular cualquier título de propiedad sobre Tierras Indígenas, incluida con respecto a la minería. La ANM finge estar muerta incluso para que no haya reclamos por parte de los tenedores de estos títulos”, argumenta Santilli.
Después de solicitar sus opiniones, la ANM y también Funai no respondieron a las preguntas hasta la publicación de este artículo.
Metodología
Para identificar estos datos, Pública utilizó la base de datos de solicitudes de minería de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y los comparó con el mapeo de Tierras Indígenas (TI) de Funai, con el fin de establecer las áreas de traslape en procesos en territorios indígenas. Los procesos mineros son registros en la ANM que las personas y las empresas deben solicitar antes de explorar cualquier mineral o sustancia en el subsuelo brasileño. Comienzan con la solicitud de autorización para hacer investigaciones sobre la existencia de la sustancia y continúan hasta la etapa final, cuando se puede otorgar la licencia para exploración o minería. Todo el proceso delimita una superficie de terreno sobre la que se pretende realizar los trámites para la actividad minera.
La investigación de Pública tomó en cuenta todos los procesos en áreas indígenas en diferentes etapas del proceso de demarcación. Es posible que las Tierras Indígenas hayan sido homologadas según las solicitudes mineras existentes, pero estas no han sido canceladas.
El informe se incluye en el proyecto de Agencia Pública denominado Amazonía sin ley, que investiga la violencia relacionada con la regularización territorial, la demarcación de tierras y la reforma agraria en la Amazonía Legal. El especial también cubre conflictos en el Cerrado, el segundo bioma brasileño más grande.